La Asociación Europea de Universidades ha publicado un estudio sobre universidades de 34 países , concluyendo que falta mucho en Europa para una genuina autonomía universitaria. El informe recoge treinta indicadores diferentes en los ámbitos de gobernanza y organización (sistemas propios de elección, estructuración del gobierno universitario y rendición de cuentas), financieros (establecimiento de tasas, posibilidad de solicitar préstamos y financiación complementaria, capacidad de poseer tierras y edificios,…), plantilla (posibilidad de reclutar definiendo los perfiles y condiciones de contratación o de selección de funcionarios)  y académicos (capacidad de definir el perfil académico de la universidad, de instaurar nuevas titulaciones de grado y postgrado, de definir la estructura y contenido de los programas, de determinar los sistemas de control de calidad y de decidir los criterios de admisión de estudiantes).

La autonomía universitaria, consagrada en el artículo 27 de la Constitución Española y uno de los fundamentos de la Carta Magna de las Universidades, es considerada por la Comisión Europea como un factor clave para la modernizacón de las universidades en el siglo XXI. Sin embargo, muchos tenemos la sensación de que ha pasado a ser más un deseo que una realidad en muchos países, includo el nuestro, al igual que ha sucedido con el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda para todos los españoles. No hay realmente autonomía universitaria cuando los gobiernos regionales deciden, a menudo con buen criterio, cosas como la oferta de títulos, tanto de grado como de postgrado, los límites de número de alumnos de nuevo ingreso en las carreras donde la demanda es mayor, las tasas de matrícula, el programa de inversiones o, simple y llanamente, la supervivencia económica de una universidad. Esta realidad es discutida y se caricaturiza en dos extremos. Hay quien dice que a las universidades solo les falta emitir moneda y tener ejército propio para ser comparables a pequeños estados independientes. Esta exageración tiene una versión más peligrosa en los que señalan que las universidades viven de espaldas a las demandas de la sociedad, a sus propias debilidades, a su realidad económica, que actúan como islas administrativas pero trasladando sus necesidades económicas hacia los gobiernos autonómicos. El otro extremo es que las universidades son estructuras funcionariales con una doble dependencia, del ministerio y de la consejería autonómica respectiva, que mantienen unos protocolos y ceremoniales antiguos pero donde realmente el poder de decisión está en otras manos, en otros despachos.

En algunos casos, los gobiernos autónomos han promovido la creación de nuevas universidades, institutos de investigación o facultades. Por un lado, es un aspecto normal del desarrollo de un programa político como podría ser el establecimiento de un polígono industrial, la construcción de un tramo de carretera o la concesión de una licencia para una explotación minera o ganadera. Evidentemente, una nueva universidad genera puestos de trabajo, fija jóvenes al territorio y genera actividad cultural, deportiva, convirtiéndose en un importante dinamizador social. En el entorno cercano surgen numerosas empresas para atender la demanda de los nuevos clientes, de fotocopiadoras a pizzerías, de tiendas de ropa a agencias de viaje. Pero a nadie se le oculta que una universidad es algo más complejo que un polígono industrial y no es fácil que una universidad nueva capte estudiantes de fuera de su distrito o zona de influencia geográfica, afectando a las universidades cercanas.  Por otro lado, en España todos los profesores universitarios (tras la LOMLOU) y todas las universidades, tienen que investigar. Se calcula que en Estados Unidos, con más de 3.200 instituciones de enseñanza superior, solo hay unas 100 universidades investigadoras. Las nuevas universidades españolas se ven en dificultades para generar masa crítica de investigadores, instalaciones de apoyo (bibliotecas o grandes equipamientos científicos), tener programas propios de investigación y para atraer investigadores de prestigio. En Estados Unidos esas dificultades se rompen con grandes dotaciones económicas iniciales que permiten construir instalaciones atractivas e interesar a buenos investigadores, pero ese no suele ser el caso en nuestro país.

El último cuarto del siglo XX partió de ese compromiso constitucional de la autonomía universitaria y de una mejora general de instalaciones, servicios y plantillas pero fue también el de la consolidación de algunos de los problemas que en estos momentos nos afectan, generándose una situación potencialmente arriesgada. La transferencia de las competencias en educación a las comunidades autónomas supuso la existencia de 17 modelos universitarios. Por un lado, no existe comunidad autónoma, por pequeña que sea, sin universidad o universidades. Algunas autonomías optaron por una única universidad repartida en distintos campus (Castilla-La Mancha, País Vasco, Aragón,..) o por poner una universidad en cada provincia, menos la que tenga dos (Andalucía). En este plazo se produjo también una mejora en la investigación, puesto que los principales estímulos para el desarrollo de la carrera académica y para la consecución de financiación complementaria para las universidades procedían de este ámbito, con un peligroso arrinconamiento de la valoración y dignificación de la actividad docente. Sin embargo, en las dos últimas décadas no se ha producido el gran paso hacia delante que sí se ha dado en otros sectores. No hemos roto las barreras ni entrado a competir con los mejores como se ha hecho en algunos sectores empresariales (banca, telecomunicaciones, ingeniería y obra civil) o en el deporte. La universidad española actual vive, sin ninguna duda, el mejor momento de su historia y estaría preparada para nuevos objetivos pero no hemos dado ni hemos preparado el gran salto hacia la Universidad del Tercer Milenio. El tema de la autonomía universitaria solo parece poderse enfocar con un contrato-programa con las autoridades políticas donde los universitarios seamos corresponsables de nuestras decisiones y nuestros resultados. Azaña decía que «la libertad no hace felices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres». La autonomía universitaria no nos hará felices pero nos hará ser, sencillamente y no otra cosa, universidades.