Es fácil conocer cómo va a ser la situación de nuestro país dentro de quince o veinte años. Podemos asegurar ya cuál va a ser nuestro lugar en el concierto de las naciones, la fortaleza de nuestra economía, el prestigio de nuestras instituciones, directivos y representantes, la competitividad de nuestras empresas y nuestra calidad de vida. Podemos pronosticar todo ello con bastante certeza. Para saber cuál es nuestro futuro, el futuro de España, solo tenemos que pensar en cuál es la realidad actual de las universidades españolas. Las universidades son, en todos los países del mundo, las formadoras de las élites dirigentes, tanto en el sector público como en el privado. Puede haber excepciones, dirigentes políticos que llegan a la máxima responsabilidad sin un bagaje académico, pero incluso en estos casos se rodean indefectiblemente de personas universitarias y muchas veces muestran una mayor sensibilidad, respeto y apoyo por la formación universitaria, que los que han tenido la fortuna de estudiar una carrera superior.  La calidad de los médicos, químicas, jueces, auditores, economistas, ingenieras, sociólogos, periodistas, inspectores de Hacienda, arquitectas y un enorme etcétera, va a depender de si recibieron una buena formación, si asistieron a una universidad de calidad o no. Hay quien tiene la desfachatez de decir que las universidades son caras. Si disponer de una fuerza laboral, unos cuadros medios y superiores, unos profesionales liberales, unos funcionarios y servidores públicos bien formados es caro, ¿cuál es el precio, cuál es el coste, de no tenerlos?

Hablemos en primer lugar de formación, de educación. Los países con mejor calidad de vida son los que más invierten en educación. Los países con mayor inversión en educación son los que avanzan año tras año en los indicadores de calidad de vida. En un momento de crisis como el actual, el riesgo mayor, la actuación más irresponsable es recortar los fondos en educación puesto que los efectos, positivos o negativos, nunca son inmediatos, pero son seguros. La educación es la ganga, la mejor inversión posible para un país, la que mejores rendimientos produce, más estables, más duraderos. La realidad actual: el mayor gasto en universidades del mundo se produce en los Estados Unidos y en España está muy por debajo de la media de la OCDE. Invertimos menos en educación, invertimos mucho menos en universidades que los países con los que queremos competir. Pero no se trata solo de gastar más sino también, de gastar mejor. La proliferación de universidades, campus y carreras ha generado tejido social y económico en muchas ciudades de pequeño y mediano tamaño pero también ha causado enormes costes al multiplicar estructuras semejantes y no conseguir economías de escala. No solo hay culpas ajenas. Aunque somos constantemente evaluados, auditados y verificados, las propias universidades somos responsables de algunos de nuestros fracasos, como la ausencia de movilidad, la selección y promoción endogámica del profesorado y los sistemas de gobierno obsoletos y clientelistas. No debemos hurtar ese debate ni negar nuestro compromiso en lo que depende fundamentalmente de nosotros.

Un segundo aspecto clave de la actividad universitaria es la investigación y la transferencia de conocimientos. Las universidades son uno de los principales motores de innovación y desarrollo de todos los países desarrollados. A poco tejido industrial que haya, los investigadores universitarios prefieren trabajar con socios locales y son muchas veces ellos mismos creadores de empresas de base tecnológica y auténticos emprendedores. Si la investigación actual dispone de medios, equipos, becarios, bibliotecas y un prudente etcétera, entonces tendremos tecnología, productos y servicios “made in Spain” y, si no, seguiremos pagando aranceles y “royalties” por las patatas fritas, los métodos para aprender español o las vacunas. Ningún país de Europa Occidental puede ya competir en los costes salariales con Asia, África o Latinoamérica. Por lo tanto, nuestra mejor opción, nuestra única opción, es competir con productos con más valor añadido, mejor calidad, mejor diseño, mayor innovación, nuevos desarrollos. ¿Se reducirá nuestro diferencial con Alemania en unos años? La respuesta es no. Gastamos en I+D menos de la mitad del PIB que ellos, ¿por qué íbamos a conseguir mejores productos industriales que ellos?

Finalmente, las universidades son muchas veces modelos de gestión. Muestran una flexibilidad y una capacidad de adaptación que no tiene parangón en ninguna estructura de su tamaño. Los universitarios, al mismo tiempo que seguimos haciendo nuestro trabajo, impulsamos nuevos proyectos, nos adaptamos a una normativa desmesurada y cambiante, sobrevivimos a burocracias perversas, inventadas seguro por universitarios y nos comprometemos con una sociedad dialogante, abierta, integradora y libre. Somos, en una imagen antigua, capaces de rediseñar, remodelar y mejorar el avión en pleno vuelo. No debemos dar una imagen idílica, a veces falta compromiso, gana prácticamente lo mismo el que trabaja que el que no lo hace y la autonomía, que es uno de los ejes del éxito histórico de las universidades, está pasando de ser un principio constitucional a un ideal etéreo y frágil.

Las universidades son líderes en este país en responsabilidad social, trabajan por la igualdad, por la integración real de los discapacitados, por el ahorro y la eficiencia energética, por la prevención de riesgos laborales, por una sociedad más justa, mejor. Al hacer todo eso, las universidades públicas hacen profesión de su naturaleza de servicio público y de su vocación de ser punto de reflexión y referencia sobre la sociedad que queremos construir.

A pesar de todo ese potencial, el real y el posible, aún mayor, vivimos en un momento donde la supervivencia de las universidades no está ni mucho menos garantizada. Aunque el Ministerio trabaja con las Comunidades Autónomas en una Ley de Financiación, las circunstancias económicas y políticas no permiten ser optimistas sobre las posibilidades de un acuerdo. Hay universidades al borde de la suspensión de pagos y la mayoría con serios problemas económicos. Las universidades y los rectores y rectoras se desgañitan, con educación y corrección que para eso somos universitarios, pidiendo un marco estable, una financiación digna. No puede ser que la principal preocupación de un rector de una universidad pública sea pagar las nóminas. No puede ser que se nos pida estar en los ranking al lado de universidades de nuestro tamaño y nuestro entorno con cinco veces nuestro presupuesto. No puede ser que la deuda de las universidades, fruto principalmente de una financiación insuficiente, las estrangule cada vez más por unas cargas financieras que agravan la endémica falta de fondos. No puede ser que nuevos desarrollos legislativos (complemento Sevilla o estatuto del PDI) obliguen a las universidades a nuevos gastos pero no se les dote de medios para afrontarlos. No puede ser que el porcentaje de PIB que otros países invierten en universidades sea aquí un soñar. Quizá es en nuestro ámbito el único donde los servidores públicos tienen que salir a la calle a conseguir parte de su financiación, no para afrontar nuevos proyectos sino también para la propia supervivencia de la Institución. Necesitamos una política con mayúscula, fruto del acuerdo entre los partidos mayoritarios que nos permita pasar de repartir las miserias a competir por la excelencia. Y el futuro será lo que queramos que sea, será exactamente lo que hagamos hoy.